La Justicia acaba con la OID

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La Justicia ha declarado este mes de septiembre la disolución y liquidación de la OID. Ha sido un Juzgado de Toledo quién confirmó la disolución definitiva de la Organización Impulsora del Discapacitado -OID- . Ahora, la   ONCE ofrece formación y empleo a las  personas con discapacidad que puedan resultar afectadas  al tiempo que  alerta de la continuación del juego ilegal con otra marca.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de lo Mercantil de Toledo acaba de publicar un auto, que se suma a otro anterior, y confirma la apertura de la fase de liquidación y la disolución de la Organización Impulsora del Discapacitado (OID). Esto supone el cese definitivo de todas las actividades de la asociación (que incluye la venta del juego ilegal) así como la pérdida de la potestad de los miembros de su junta directiva como administradores de la misma.

El auto judicial #8211de fecha 1 de septiembre de 2020- pone fin al concurso de acreedores a que se enfrentó la OID y establece suspender la Junta de Acreedores fijada en principio para el 11 de este mismo mes al “no haberse presentado dentro del plazo legal ninguna propuesta de convenio”, lo que da origen a la disolución y liquidación. A partir de ahí, según el auto, “quedarán en suspenso las facultades de administración y disposición” de quienes entraron en concurso de acreedores e, igualmente, “se declara disuelta la sociedad Organización Impulsora de Discapacitados OID, cesando en su función sus administradores”.

 

Imagen de archivo de la Policía en la que vemos miles de boletos ilegales de juego de la OID

 

La venta ilegal de la OID

La OID se ha convertido en el mayor comercializador de juego físico ilegal en España a través de la venta de una lotería ilegal que genera unos ingresos anuales de alrededor de  57 millones de euros, según la Polícia Nacional.

Además, aparece en el listado de grandes deudores de la Agencia Tributaria con un importe de 86.136.150 euros, que incluye una sanción de 25 millones por parte del Ministerio de Hacienda por "fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería denominados 'Euroboleto, Euromillonario', 'Busca OID', 'Busca 25.000' y 'Superbusca 10 millones' en todo el territorio nacional, sin constancia de título habilitante ni nacional ni autonómico".

Para Hacienda, "la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de Internet". Esta organización, que copia los cupones de la ONCE, utiliza sus sorteos y denigra la imagen de las personas con discapacidad, acumula más de 60 sentencias en su contra por vía administrativa entre los años 2014 y 2019, y suma unos 2.500 vendedores no regularizados en la Seguridad Social.

La ONCE, al lado de las personas con discapacidad

La ONCE valora positivamente el auto del juez y pide ahora su cumplimiento efectivo para tratar de paliar dos impactos graves de la actuación de la OID: el perjuicio que genera a los consumidores, que se enfrentan cada día a un producto ilegal en la calle y que logra ser vendido por similitud con los cupones de la ONCE; y el perjuicio de la OID para la imagen de las personas con discapacidad, a quienes utiliza sin ningún tipo de miramiento ni garantía, tal y como ha denunciado reiteradamente el Cermi.

En esta línea, la ONCE ofrecerá a las personas con discapacidad vinculadas a la OID, y que cumplan los requisitos necesarios, la posibilidad de incorporarse a procesos formativos que les permitan acceder a salidas laborales profesionales.

Finalmente, la ONCE denuncia la posibilidad de que los gestores de la OID traten de mantener su actuación de venta ilegal de juego modificando la actual marca y cambiándola por otra denominación, concretamente ONDEE ( Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos), de la que se han detectado algunos boletos ilegales circulando. Y solicitará a las autoridades públicas el cumplimiento del auto de disolución de la OID y que se impida prácticas ilegales que puedan mantener el mismo “modus operandi” en el mercado del juego.

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