Erradicar la pobreza es tarea de todos

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La ONCE apoyó el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,dedicándole el cupón del sábado, 17 de octubre.  ‘Actívate contra la pobreza’ es la frase que  "grita" impresa en dicho cupón recordándonos la obligación de todos  y dando visibilidad a quienes más lo necesitan. Es una obligación conocer las necesidades por las que atraviesan muchas personas en riesgo de exclusión, un número que crece con la pandemia provocada por el viris de la Covid 19...

Las personas que viven en niveles de pobreza  representan el lado más vulnerable e invisible de la sociedad española.  Un informe reciente sobre  ‘El Estado de la Pobreza', revela que la pobreza severa afecta actualmente a casi cinco millones de personas. Además, el 21,5% de las personas que viven en hogares monoparentales, la mayoría a cargo de una mujer, están en situación de pobreza o exclusión social. Aunque se percibe una leve mejoría en la tasa general, la pobreza ha aumentado ya que hay colectivos que no perciben dicha mejoría, por lo que España ha fracasado en su compromiso de sacar del riesgo de pobreza y exclusión social a 1,5 millones de personas en el marco de la Estrategia Europa 2020. Con un plazo de diez años, no sólo no ha reducido su pobreza, sino que ahora hay casi 200.000 personas más en este umbral sin tener en cuenta los efectos de la crisis provocada por el coronavirus.

FRACASO ESPAÑOL

El objetivo de esta estrategia era claro: reducir en 20 millones la población pobre en la Unión Europea, lo que implicaba que España debía bajar a 9,5 millones las personas que viven en riesgo de pobreza. En 2010, cuando comenzó el plan, había 11.675.000 españoles en este umbral y, al cierre de 2019, eran 11.870.000. La conclusión, según el informe presentado  por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), es que ha sido un fracaso estrepitoso. En base a los datos presentados, el 25,3 % de los españoles estaban en riesgo de pobreza o exclusión social nada más empezar 2020. Esto quiere decir que antes de la crisis del coronavirus, una de cuatro personas era pobre en España. 

 

Reproducción de la Imagen del Cupón dedicado al Día Internacional contra la Pobreza

Además, la recuperación desde la anterior crisis ha sido muy desigual: el 10 % más rico obtiene una cuarta parte de los ingresos de toda la población, que es la misma renta total de casi la mitad más pobre de la población española, que obtiene el 27,4%.. A esto se suma que la renta total del 20% de la población con mayores ingresos multiplica por seis la renta total del 20% con menores ingresos.

Otro de los indicadores que apuntan al fracaso de España en la reducción de la pobreza dentro de la estrategia europea es que tampoco ha sido capaz de reducir su pobreza infantil y, de hecho, tiene la segunda tasa más alta por detrás de Rumanía.
En 2008, el 27% de los niños era pobre. El objetivo para el año 2020 era que se redujera al 23,8%. La realidad es que antes de la pandemia había un 27,4% de menores en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno.

Algo que es pertinente tener en cuenta es que todos estos datos son de antes de la crisis del coronavirus, que supondrá un nuevo azote para los niveles de pobreza. La cantidad de dinero que necesita una persona pobre para dejar de serlo se ha incrementado este último año al 29,1%. En 2019, a una persona pobre le faltan de media 2.622 euros anuales para dejar de serlo, una cifra que se ha aumentado un 3,5%. No obstante, uno de los indicadores que sí ha mejorado entre 2018 y 2019 es la capacidad para llegar a final de mes. El 49,3% de la población española tiene grandes dificultades, cifra que se ha reducido seis puntos porcentuales con respecto al año pasado y es la más baja de todo el período.
Una de las principales conclusiones es que, pese al crecimiento del PIB en los últimos cinco años (2014-2019), sólo se ha conseguido en este tiempo una disminución de 1,5 puntos porcentuales en la tasa de pobreza. Por tanto, “el crecimiento económico, por sí solo, no trae consigo una reducción de la pobreza”, destaca el informe.

DISCAPACIDAD Y POBREZA

Como todos los años, el estudio también señala los sectores más vulnerables de la sociedad. Tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza, hasta el extremo que todos los hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes tiene tasas más altas en los principales indicadores que aquellos donde hay adultos solamente.Es especialmente preocupante la situación de los hogares monomarentales, ya que casi la mitad de ellos (el 46,8%) están en pobreza según los indicadores Arope.
Otro de los factores determinantes en la pobreza es la discapacidad. De hecho, estas personas registran valores mucho más elevados de pobreza, algo que no es coyuntural, sino que se cumple todos los años. En el año 2019, el 32,5% de las personas con discapacidad estaba en riesgo de pobreza o exclusión, la cifra más elevada de la década. También lo es la diferencia con respecto a la que soportan las personas sin discapacidad, diez puntos porcentuales más elevada.
La tasa de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad de 18 a 64 años es del 28,9%, la cifra más alta de la serie histórica. También la privación material severa es notablemente más elevada entre las personas con discapacidad que entre el resto de la población y alcanza al 7,5%, cifra que es el doble de la registrada entre las personas sin discapacidad, que es de un 3,7%.
Sobre lo que deparará a España tras la crisis del coronavirus, la Red Española contra la Pobreza - EAPN-  recuerda que el Fondo Monetario Internacional augura en sus últimas estimaciones que el PIB nacional se reducirá en un 12,8% este año, lo que, de confirmarse, “supone una contracción mucho más intensa y explosiva”. Sin embargo, la organización cree que “las consecuencias pueden ser algo diferentes a las producidas en la crisis anterior” de 2008 por “las nuevas políticas de corte expansivo que se utilizan para luchar contra el trance”, al poner en valor los ERTE, el ingreso mínimo vital, la limitación de desahucios y cortes de servicios básicos u otras medidas del Gobierno.

 

 

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